Seguridad Democrática no se puede convertir en problema internacional, asegura Carlos Gaviria

El precandidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, dijo ayer en Montería que esta política no puede afectar la relación con los vecinos.
Gaviria se refirió así a la tensa situación que se vive actualmente con Venezuela y Ecuador.
El dirigente, quien presidió presidió ayer en Montería un encuentro con sus seguidores en el recinto de la Asamblea de Córdoba, dijo que el Gobierno ha querido imponer bases aéreas norteamericanas disfrazadas de apoyo al tema de seguridad, sin importar la incomodidad de los vecinos.
"Hacemos un llamado al presidente Uribe para que no haga de este tema una crisis", expresó.
El precandidato presidencial sostuvo que uno de los peores desaciertos del Gobierno actual es el manejo de las relaciones diplomáticas, especialmente con los países más cercanos y de los que depende en gran proporción la economía colombiana.
Sin embargo, Gaviria reconoció que los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador, deben entrar en sensatez para buscar solución concertada a las diferencias presentadas.
"Chávez y Correa tienen un proyecto distinto al de Uribe, pero las conductas de los tres presidentes deben ser llevadas a la diplomacia y a la solución dialogada", aseguró.
A Gaviria lo respaldó el senador de su mismo partido político, Jorge Enrique Robledo, quien sostuvo que el presidente Uribe, con el argumento de mantener la Seguridad Democrática ha maltratado a los vecinos.
Robledo, uno de los senadores más críticos del establecimiento, sostuvo que lamenta la actual situación de crisis con Venezuela y Ecuador, porque los verdaderamente afectados son los colombianos que dependen del intercambio comercial con los dos países.
"Me preocupa ver colombianos que queman pólvora felices porque hay un deterioro de esas relaciones. Eso no debe ser así, porque esas relaciones son importantes para el pueblo de los tres países", sostuvo.
El Senador de oposición indicó que la principal solución debe ser la de prohibir bases aéreas extranjeras en la región, para evitar las molestias de los vecinos, pero basado en el respeto mutuo y la no injerencia de un país en las decisiones internas de otro.
"No puede haber bases extranjeras en Colombia, pero tampoco en Venezuela ni en ninguna parte", explicó Robledo.

GUDILFREDO AVENDAÑO M.

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA

El Movimiento de Unidad Indígena y Popular por Caldas adhiere a la candidatura de Carlos Gaviria Díaz

Comité de Campaña de Caldas Carlos Gaviria Díaz Presidente 2010-2014, Manizales, julio 21 de 2009

El pasado 15 de Julio adhirió a la candidatura de Carlos Gaviria Díaz el Movimiento de Unidad Indígena y Popular por Caldas. Reunidos en asamblea extraordinaria del movimiento, treinta y siete delegados asistentes, después de socializar las hojas de vida de los tres aspirantes y de discutir sus propuestas, procedieron a votar -por aclamación- obteniéndose el siguiente resultado:

Por Carlos Gaviria Díaz 34 Votos Por Gustavo Petro Urrego 3 Votos Por Edison Lucio Torres 0 Votos

Según la información trasmitida por Darío Edgardo Tapasco ex alcalde de Riosucio, presidente del MUIP de Caldas y Coordinador Departamental del PDA “con estos resultados el compromiso es trabajar con ahínco por el fortalecimiento del partido a través de las ideas”.

El MUIP de Caldas es una importante formación política del departamento de Caldas, integrada fundamentalmente por el pueblo indígena Emberra que, a través de sus resguardos, puebla buena parte de los municipios de Riosucio y Supía. También lo integran comunidades indígenas asentadas en otros municipios de Caldas y gentes del común que comparten su visión de los problemas del departamento y el país. En las elecciones regionales de 2007 eligió cinco concejales en Riosucio y 3 en Supía y al Diputado Arahugo Gañan quien hoy ostenta la representación del PDA en la Duma Departamental.

La adhesión de este sector social y étnico del departamento enriquece, sin lugar a dudas, la campaña por la candidatura presidencial del Polo y refuerza las actividades que, para alcanzar la victoria en la consulta del próximo 27 de Septiembre, desarrollan los diferentes sectores que respaldan en Caldas al Maestro Carlos Gaviria Díaz.

Por la Soberania Nacional, no a las bases gringas en colombia

EL ACUERDO QUE PERMITE BASES MILITARES DE EE.UU VIOLA LA SOBERANIA, AGREDE LOS PUEBLOS VECINOS Y ES INCONSTITUCIONAL

Roberto Schmalbach Cruz, Bucaramanga, julio 18 de 2009

Haciendo uso de atribuciones dictatoriales y arbitrarias el gobierno de Álvaro Uribe negocia con Washington la instalación de tropas y equipos estadounidenses en el territorio nacional, inicialmente en Malambo (Atlántico), Palanquero (Dorada, Caldas) Y Apiay (Meta), posteriormente lo haría en otras dos bases navales del país. Por supuesto, los colombianos conocimos del desafuero en virtud de una publicación de la revista Cambio, pues el asunto venía “negociándose” en secreto, a espaldas del país, en el mejor estilo torticero como acostumbra manejar los más altos intereses nacionales este gobierno.

Sopretexto de combatir el narcotráfico y el “terrorismo”, Uribe y su gabinete han pretendido presentar el asunto como de menor cuantía y en desarrollo de los convenios de cooperación técnica con la superpotencia del norte. Pero rápidamente se ha destapado su pérfido juego contra el interés patrio, el acuerdo que permite la presencia permanente de tropas extranjeras y la utilización de instalaciones militares colombianas viola de modo flagrante la soberanía y autodeterminación nacional con arreglo a las cuales deben suscribirse los convenios internacionales del país según nuestra carta constitucional.

El acuerdo celebrado sin consultar al Consejo de Estado, sin someterse a aprobación previa por el Congreso de la República, es un acto de provocación y agresión a los gobiernos y pueblos vecinos puesto que nada impide que el gobierno imperial de EU utilice sus tropas y equipos militares desde sus emplazamientos en Colombia en operaciones de intervención corsaria más allá de nuestras fronteras, como lo determina su actual doctrina militar y lo hace prever su negra historia de imperio invasor y anexionista. Una auténtica contribución más de Álvaro Uribe al aislamiento de Colombia ante sus hermanos de América Latina y un grave daño a las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales con las naciones que la Constitución de 1991 ordena tener como prioridad en nuestra política internacional.

Así mismo, el afrentoso acuerdo es una clara violación a normas constitucionales y legales, verbigracia los artículos 173 y 237 de la Carta Magna que niegan cualquier posibilidad de estacionar tropas permanentes en el territorio nacional y sólo permite su tránsito con previa autorización expresa del Senado de la República y establecen el carácter de supremo cuerpo consultivo del Consejo de Estado cuando se trata de este asunto o en el tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación. Procedimientos que, desde luego, no se han surtido por el gobierno del Uribiato en abierto desprecio de la Constitución y las leyes que juró defender y aplicar.

Acudiendo a retorcidas argucias jurídicas Uribe y sus ministros han aducido que este es un acuerdo simplificado de cooperación técnica con los Estados Unidos, que desarrolla un tratado marco ya existente y cuya celebración no requiere la aprobación de los respectivos Congresos. Sin embargo, connotados juristas niegan la existencia legal de dicho tratado y, por lo tanto, la manifiesta ilegalidad de la presencia de tropas extranjeras en el país a la luz de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-863 de 2.004: “Por vía del trámite de los acuerdos celebrados en forma simplificada no puede el gobierno comprometer la responsabilidad del Estado Colombiano en aquello que el Congreso no hubiere aprobado a través de la ley que aprueba el tratado marco”.

La presencia militar del mayor imperio de la historia en Colombia es ilegal y viola de manera grave nuestra soberanía y, de contera, garantiza a los gringos que operen en las bases objeto del acuerdo la impunidad siempre que incurran en delitos y pillajes contra el ordenamiento jurídico nacional, otro acto de sumisión vergonzoso e indigno del tremebundo Presidente que nos mal gobierna. Por estas razones los colombianos, sin distingos y con independencia de credo político o religioso, debemos exigirle al gobierno que respete la soberanía y se abstenga de tomar una decisión que a todas luces es abiertamente inconstitucional.