Por la Soberania Nacional, no a las bases gringas en colombia

EL ACUERDO QUE PERMITE BASES MILITARES DE EE.UU VIOLA LA SOBERANIA, AGREDE LOS PUEBLOS VECINOS Y ES INCONSTITUCIONAL

Roberto Schmalbach Cruz, Bucaramanga, julio 18 de 2009

Haciendo uso de atribuciones dictatoriales y arbitrarias el gobierno de Álvaro Uribe negocia con Washington la instalación de tropas y equipos estadounidenses en el territorio nacional, inicialmente en Malambo (Atlántico), Palanquero (Dorada, Caldas) Y Apiay (Meta), posteriormente lo haría en otras dos bases navales del país. Por supuesto, los colombianos conocimos del desafuero en virtud de una publicación de la revista Cambio, pues el asunto venía “negociándose” en secreto, a espaldas del país, en el mejor estilo torticero como acostumbra manejar los más altos intereses nacionales este gobierno.

Sopretexto de combatir el narcotráfico y el “terrorismo”, Uribe y su gabinete han pretendido presentar el asunto como de menor cuantía y en desarrollo de los convenios de cooperación técnica con la superpotencia del norte. Pero rápidamente se ha destapado su pérfido juego contra el interés patrio, el acuerdo que permite la presencia permanente de tropas extranjeras y la utilización de instalaciones militares colombianas viola de modo flagrante la soberanía y autodeterminación nacional con arreglo a las cuales deben suscribirse los convenios internacionales del país según nuestra carta constitucional.

El acuerdo celebrado sin consultar al Consejo de Estado, sin someterse a aprobación previa por el Congreso de la República, es un acto de provocación y agresión a los gobiernos y pueblos vecinos puesto que nada impide que el gobierno imperial de EU utilice sus tropas y equipos militares desde sus emplazamientos en Colombia en operaciones de intervención corsaria más allá de nuestras fronteras, como lo determina su actual doctrina militar y lo hace prever su negra historia de imperio invasor y anexionista. Una auténtica contribución más de Álvaro Uribe al aislamiento de Colombia ante sus hermanos de América Latina y un grave daño a las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales con las naciones que la Constitución de 1991 ordena tener como prioridad en nuestra política internacional.

Así mismo, el afrentoso acuerdo es una clara violación a normas constitucionales y legales, verbigracia los artículos 173 y 237 de la Carta Magna que niegan cualquier posibilidad de estacionar tropas permanentes en el territorio nacional y sólo permite su tránsito con previa autorización expresa del Senado de la República y establecen el carácter de supremo cuerpo consultivo del Consejo de Estado cuando se trata de este asunto o en el tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación. Procedimientos que, desde luego, no se han surtido por el gobierno del Uribiato en abierto desprecio de la Constitución y las leyes que juró defender y aplicar.

Acudiendo a retorcidas argucias jurídicas Uribe y sus ministros han aducido que este es un acuerdo simplificado de cooperación técnica con los Estados Unidos, que desarrolla un tratado marco ya existente y cuya celebración no requiere la aprobación de los respectivos Congresos. Sin embargo, connotados juristas niegan la existencia legal de dicho tratado y, por lo tanto, la manifiesta ilegalidad de la presencia de tropas extranjeras en el país a la luz de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-863 de 2.004: “Por vía del trámite de los acuerdos celebrados en forma simplificada no puede el gobierno comprometer la responsabilidad del Estado Colombiano en aquello que el Congreso no hubiere aprobado a través de la ley que aprueba el tratado marco”.

La presencia militar del mayor imperio de la historia en Colombia es ilegal y viola de manera grave nuestra soberanía y, de contera, garantiza a los gringos que operen en las bases objeto del acuerdo la impunidad siempre que incurran en delitos y pillajes contra el ordenamiento jurídico nacional, otro acto de sumisión vergonzoso e indigno del tremebundo Presidente que nos mal gobierna. Por estas razones los colombianos, sin distingos y con independencia de credo político o religioso, debemos exigirle al gobierno que respete la soberanía y se abstenga de tomar una decisión que a todas luces es abiertamente inconstitucional.